El local, ubicado sobre la Ruta 210 (Hipólito Yrigoyen) al 21.300, había convocado a una multitud que formó colas de hasta cuatro cuadras para aprovechar la oferta de "todo a $100", incluyendo la bolsa de papas.
Motivos de la Clausura: Irregularidades y Falta de Habilitación
A pesar de la gran expectativa vecinal, la inspección municipal detectó múltiples infracciones que derivaron en el cierre inmediato del comercio. Según fuentes municipales y policiales, los motivos principales fueron:
Falta de Habilitación: El comercio no contaba con el permiso municipal correspondiente para operar en el distrito de Almirante Brown.
Evasión Fiscal: Se constató la comercialización de productos sin la entrega de facturas legales a los clientes.
Falta de Seguridad: El local carecía de medidas básicas obligatorias, como los matafuegos.
Dudas sobre el Origen de la Mercadería: Se cuestionó la procedencia de los productos y la legitimidad de los precios, considerados "por debajo del costo", lo que generó denuncias por competencia desleal.
Caos, Decomiso y Tensión en la Ruta 210
El operativo de clausura comenzó por la tarde y se extendió hasta la madrugada. Ante la orden de decomiso de la mercadería, el personal de la verdulería habría reaccionado con hostilidad hacia los inspectores, lo que obligó a la intervención del Destacamento de Infantería de Glew y efectivos de Gendarmería.
Para evitar que el Municipio se llevara la mercadería, los empleados intentaron regalar frutas y verduras a la multitud que aguardaba afuera. Esto generó un desborde total y momentos de suma tensión. Testigos presenciales informaron sobre corridas y el uso de disparos al aire por parte de la policía para dispersar a la gente. Al menos ocho camiones municipales fueron necesarios para trasladar la mercadería incautada.
Un Historial de Polémicas en Zona Sur
El caso de La Nueva Luna no es nuevo para los vecinos de la región. El emprendimiento ya arrastraba un antecedente conflictivo en Guernica, donde fue clausurado definitivamente tras agresiones a inspectores y la ruptura de fajas de clausura, recibiendo una multa histórica de 33 millones de pesos.
Tras un intento fallido de instalarse en José C. Paz, el desembarco en Glew parece haber seguido el mismo camino judicial. La investigación continúa para determinar las responsabilidades legales de los propietarios, quienes no se habrían presentado durante el pico de los disturbios.