Un hecho de alto impacto político sacudió al partido de Presidente Perón en las últimas horas. El concejal de La Libertad Avanza (LLA), Eugenio Esteban Fernández (57), fue protagonista de un procedimiento policial en el distrito vecino de San Vicente, donde se detectó que el vehículo en el que circulaba poseía, presuntamente, un pedido de secuestro activo.
El episodio ha generado una fuerte controversia mediática y política, con versiones contrapuestas entre los reportes policiales y el descargo oficial del bloque libertario.
El operativo en San Vicente
El procedimiento fue llevado a cabo por el Comando de Patrullas durante un control de rutina en la intersección de la Ruta 58 y la calle Juan Pablo II. Según fuentes policiales, los efectivos interceptaron un Renault Sandero azul oscuro conducido por el edil peronense.
Al verificar los datos del rodado en el sistema, los agentes habrían detectado:
Pedido de secuestro vigente: Una orden emitida en marzo de 2024 (aunque algunas versiones indican que data de hace dos años) por un Juzgado Federal de Lomas de Zamora.
Irregularidades en la documentación: Sospechas sobre la autenticidad de la numeración en la cédula automotor presentada.
A raíz de esto, Fernández fue trasladado a una dependencia policial y el vehículo quedó secuestrado para realizar las pericias correspondientes. La causa inicial habría quedado bajo la órbita de la UFI Descentralizada N°1 de San Vicente.
El descargo de La Libertad Avanza: "Averiguación de Ilícito"
Desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza de Presidente Perón desmintieron categóricamente que el funcionario haya estado privado de su libertad o detenido. Calificaron el hecho como un "procedimiento de control de rutina estándar".
Los puntos clave de la defensa del concejal:
Titularidad del vehículo: Aseguran que Fernández es el titular registral del Renault Sandero y que la documentación presentada es original y legal.
La carátula: Afirman que la causa no es por "Encubrimiento", sino por "Averiguación de Ilícito", un proceso administrativo para verificar datos.
El origen del problema (La gestora): Según explicaron, el vehículo fue adquirido de buena fe a través de una mandataria (gestora). Se descubrió recientemente que dicha profesional se encuentra imputada y embargada por 50 millones de pesos por delitos cometidos en el Registro Automotor N°7 de Lanús, lo que habría originado la irregularidad administrativa en el auto del concejal.
Repercusiones en el Honorable Concejo Deliberante (HCD)
El concejal Fernández ya habría anticipado que presentará un escrito formal por Mesa de Entradas del HCD de Presidente Perón para aclarar su situación ante sus pares y la comunidad.
Asimismo, trascendió que el edil evalúa iniciar acciones legales contra medios o personas que hayan difundido información que considere infundada o que lo califique como "detenido" de forma errónea, defendiendo su postura de que se trata de un problema registral ajeno a su voluntad.